Pto. Granadilla: ¡la lucha se reactiva!

Martes 14 de junio de 2011

El pasado año se cometió un gravísimo atentado contra los más básico principios democráticos, la aprobación del nuevo catálogo de especies protegidas de Canarias. El Gobierno canario intentó dar el último golpe a los impedimentos legales que, por más de una década, han frenado el símbolo del disparate, la sinrazón y el despilfarro: el proyecto del Puerto de Granadilla. La jugarreta fue gloriosa: ni en la peor de las pesadillas los opositores al proyecto nos podíamos imaginar algo así.

No sólo se degradaba a la seba -principal impedimento del proyecto-, sino que, aprovechando la coyuntura, más de doscientas otras especies veían desaparecer o rebajar su protección. El golpe fue tan duro, que algunos llegamos a pensar que hubiese sido mejor no haber recurrido y liquidado el anterior disparate a este catálogo, que fue desproteger sólo la población de seba que había en las inmediaciones del proyecto. Cuando se aprobó este despropósito de desprotección selectiva, los titulares en prensa fueron que ya se había allanado definitivamente el camino del proyecto.

4 de febrero de 2009

En ese momento, la rápida acción de Ben Magec-EeA y del abogado Pedro Fernández Arcila (flamante nuevo Concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz por Si Se Puede), consiguieron algo histórico a nivel estatal: que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) declarase la paralización cautelar del proyecto. Este hecho sin precedentes enrrabietó aún más al Gobierno canario, y se atrevieron con algo impensable: no sólo liquidar el anterior catálogo de 2001 con uno nuevo y aberrante, que desprotegía total o parcialmente a la seba y otras más de doscientas especies, sino que sacaron esa nueva normativa como ley de Parlamento canario (único catálogo en todo el Estado aprobado como ley en vez de como decreto).

Esta pirueta política conseguía dos cosas: liquidar la posibilidad de que los colectivos ecologistas, tal como venían haciendo hasta el momento, pudiesen acudir a la justicia para recurrir estos abusos, y peor aún, liquidar los informes de los técnicos de la Viceconsejería de Medio Ambiente, que podían señalar las ilegalidades de sus jefes políticos. Aprobado el nuevo catálogo, una vez más se las prometían muy felices, considerando que esta vez sí que definitivamente se había despejado el camino, ya que el objeto de la paralización del TSJC, la protección de la seba, quedaba sin efecto.

20 de octubre de 2009
Pero nuevamente, Ben Magec-EeA y Pedro Fdez. Arcila argumentaron ante el TSJC que dicha ley había salido precisamente para "cargarse" la paralización cautelar, es decir, una ley política para sortear la acción de la justicia (ley ad hoc, lo cual es ilegal). Además, argumentaron las innumerables barbaridades de la ley que la convertían en claramente inconstitucional. Y por segunda vez, el TSJC mantiene la suspensión cautelar, cuyo resultado es que las obras de Granadilla siguen sin iniciarse a día de hoy.

Al margen de la acción del TSJC, había que intentar demostrar la inconstitucionalidad del nuevo catálogo y convencer para que presentaran un recurso ante el Tribunal Constitucional alguna de la tres únicas opciones que había: el Defensor del Pueblo, 50 parlamentarios estatales o el Gobierno central. Los dos primeros, tenían un plazo de tan sólo tres meses y el último, ampliable hasta nueve. Parece ser que algunos miembros del entonces Partido Socialista Canario (PSC) intentaron la vía de los 50 parlamentarios estatales sin éxito.

Lo único que podían hacer las organizaciones ecologistas era intentar convencer al Defensor del Pueblo, pero se enfrentaban a un reto sin precedentes: argumentar jurídicamente la inconstitucionalidad de una ley, y como de costumbre, con presupuesto 0. Un grupo de personas, ya con la colaboración directa de EcoOcéanos, nos pusimos a la labor, buscando el apoyo de todo tipo de juristas. La queja finalmente ocupaba cerca de 100 paginas y hubo además, que consensuarla con las cuatro principales organizaciones ecologistas estatales. Finalmente se presentó a principios de septiembre de 2010.

Automáticamente, la oficina del Defensor del Pueblo la archivó bajo el argumento de que no disponían de tiempo material para armar la denuncia, ya que al plazo de tres meses que tenían para presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional le quedaba tan sólo una semana. Esto nos causó algo parecido a una "depresión" a alguno de los redactores de la queja, ya que tanto trabajo no sirvió para nada.

Quedaba, por tanto, la última opción, que era que fuese el Gobierno central quien denunciase la inconstitucionalidad, teniendo éste un plazo mucho mayor, nueve meses. Para entonces, ya se había filtrado un documento técnico del Ministerio de Medio Ambiente en el que se manifestaba parte de la ilegalidad del nuevo catálogo, y era el propio Partido Socialista Canario quien lideraba el discurso político contra dicho catálogo. Por tanto, las posibilidades de presentación del recurso eran evidentes.

Pero en esto llega esa capacidad que tiene Coalición Canaria de hacer doblegar permanentemente al Gobierno central, y en una rueda de prensa para los anales de la antidemocracia y la presunta corrupción política a alto nivel, el Presidente canario anuncia que el Gobierno central retira el recurso de inconstitucionalidad a cambio del apoyo de CC a los presupuestos generales del Estado (ver a partir del minuto 2:45):




La inmoralidad y desvergüenza de este acuerdo bilateral nos llevó a alguno a volver a plantearnos la posibilidad de una nueva queja a la actual Defensora del Pueblo. Desde EcoOcéanos y Ben Magec EeA volvimos a solicitar el apoyo de las cuatro grandes organizaciones estatales para presentar esta nueva queja, que nuevamente redactamos inicialmente desde aquí. Dos de estas organizaciones se descuelgan, suponemos que por puro cansancio, pero Greenpeace y Ecologistas en Acción (¡gracias!) respaldaron su presentación, y por fin con enorme resultado: la oficina del Defensor del Pueblo no sólo admite la queja, sino que presenta unos argumentos contundentes de la posible ilegalidad del catálogo canario (no dejes de ver el documento).
Mª Luisa Cava de Llano,
actual Defensora del Pueblo

En el día de ayer, Greenpeace y Ben Magec-Ecologistas en Acción han sacado un comunicado de prensa conjunto aplaudiendo esta medida, y desde EcoOcéanos estamos muy orgullosos de haber sido parte fundamental de este éxito.

Ahora, lo siguiente a lo que hay que prestar atención es esperar a ver que va a hacer el PSC, que en la actualidad está negociando con CC la formación del nuevo gobierno autonómico. Cualquier acuerdo que no conlleve la inmediata retirada del catálogo convertiría al PSC en el mayor fraude político conocido hasta el momento en estas islas (y eso que historias de fraude y engaño de los tres grandes partidos canarios tenemos para dar y regalar)

7 comentarios:

  1. Emocionante, compañeros.Gracias sentidas a los que se lo han currado. Nos congratulamos al encontrar un hueco de dignidad y defensa de la justicia en las instituciones y de que se oiga, por fin, la voz de los que estamos fuera de los chanchullos en los que tan bien se encuentran el poder político y el capital.

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  2. Algún día uds., los del no, tendrán que rendir cuenta a la sociedad canaria, por estar permanentemente obstaculizando el desarrollo de esta Isla, irresponsables, por decir lo más suave que se me ocurre

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  3. eso NO es desarrollo, es crecimiento, hay que leer un poquito de vez en cuando.

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  4. En ningún momento se ha dicho No a todo, la verdad es que estamos continuamente diciendo Si, a la vida, a la naturaleza, Si a un futuro más saludable para nuestro hijos y Si a un desarrollo lógico que se base en un equilibrio con el medio ambiente. La rendición de cuentas las deberán hacer los que están destruyendo nuestra tierra con construcciones innecesarias y muy costosas para la sociedad canaria

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  5. Gracias por cuidar lo nuestro porque nosotros no podemos ni sabemos. No entiendo cómo queda gente que no ve claramente que la destrucción del medio ambiente y del entorno de forma innecesaria no significa más que nuestro final.Además, en estas maniobras políticas siempre se esconden unos interes personales, unos beneficios económicos que solo les benefician a ellos, los políticos y empresarios. Ejemplos hay muchos, pero de los más bochornosos y desconocidos quizás es la construcción del aeropuerto de Cuidad Real.Lo dicho:Gracias por no caer en el pozo del desánimo y el abandono.

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  6. Hay que continuar con la lucha frente al tripartito político que gobierna desde hace 20 años en Canarias sin alternativas y favoreciendo a los de siempre. La movilización ciudadana es la única que podrá parar estos desmanes.

    Ánimo. Muchos les apoyamos

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